Bojayá una década

15 abr 2012Acaba de publicarse la página web bojayaunadecada.org, impulsada por la FUCLA, la Diócesis de Quibdó y HREV. Fotos, artículos, opiniones son bienvenidas en el marco de la conmemoración de esta tragedia humana de afrocolombianos/as. A continuación replicaremos el artículo de Jesús Alfonso Flórez publicada en esa página que hace alusión precisamente a los 10 años de la masacre de Bojayá.

Diez años después

Recordar, renovar el compromiso

Texto de Jesús Alfonso Flórez López (incluido en la Edición Bojayá, una década de Los muertos no hablan)

Como si fuera en este mismo instante, mi memoria evoca el momento en que escuché por primera vez lo que estaba pasando en Bellavista-Bojayá. Sí, me acuerdo que el 2 de mayo de 2002, me encontraba, hacia las tres de la tarde, en una de las acostumbradas sesiones de reflexión con los indígenas en el tambo de la OREWA, en Quibdó. De repente me interrumpió una llamada avisándome que algo grave estaba pasando en Bojayá, pero no se tenían certezas. De inmediato, me dirigí al Convento donde ya estaba reunido el equipo de la Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdó. Todos estábamos preocupados porque no había información exacta. Para la época no había señal de celular en el Medio Atrato, sólo había una estación de telefonía rural de servicio público, así que se debía recurrir a la muy escasa telefonía satelital.

Así fue. Se le había dejado un teléfono satelital a un misionero para que avisara de cualquier emergencia, dado que, desde el 21 de abril de ese mismo año los paramilitares se habían tomado las cabeceras municipales de Vigía del Fuerte y Bellavista y el ambiente estaba tenso a la espera de que en cualquier momento se produjera un enfrentamiento con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). A través de él supimos que la eventualidad se había tornado realidad, pero todo era confuso pues la comunicación la recibimos desde el otro lado del río Atrato, es decir, desde Vigía del Fuerte, lugar a donde estaban llegando en botes los rostros aterrorizados de quienes empezaban a desplazarse desde el poblado de Bellavista pidiendo ayuda. Mi memoria se fracciona, se vuelve a encadenar, va y viene para traer a mi mente aquella escena dantesca que observamos los integrantes de la primera comisión humanitaria que pudimos salir de Quibdó hacia el sitio de los hechos, dos días después del combate del 2 de mayo… llegamos en medio de combates que seguían en los alrededores de Bellavista, vimos esa capilla destrozada y los pedazos de carne humana revestidos de sangre y sin figura posible, todo un “amasijo” de pedazos de ladrillos, madera y seres humanos destrozados, en ese altar donde cayó la bomba, a través de una pipeta de gas… esa que impactó porque el deseo de las FARC por salir victoriosa en el combate no se detuvo por un instante a escuchar a los vecinos del barrio Pueblo Nuevo quienes les suplicaban que no lanzara esas pipetas, con objetivo impreciso e incontrolable, pues podrían caer en el templo católico y no a unos metros más allá, donde estaban los paramilitares, quienes se resguardaban justo tras la iglesia, la cual la habían tomado como escudo a sabiendas de estar repleta de la gente del pueblo que se había refugiado allí en medio de los combates que habían empezado desde la noche del 1 de mayo. El resultado de la explosión fue inicialmente de 119 víctimas mortales, pero que hoy se constata que fueron 79 plenamente identificadas, entre las cuales al menos la mitad eran menores de 18 años de edad.

Esa memoria es la que se quiere detener a conmemorar en estos primeros diez años de aquel “Crimen de guerra”, como lo calificó Naciones Unidas[1], que mostró al extremo la degradación del conflicto armado interno que padece aun Colombia.

¿Qué ha pasado en estos 10 años? En esta década hemos sido testigos de eventos que, articulados, constituyen un escenario de violación permanente de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de la población civil. Esta violación se puede sistematizar así:

 

El Contexto de la Guerra

En nuestra memoria se ha de tener presente que este crimen de guerra de Bojayá no fue un hecho aislado, sino la expresión máxima de un ataque a la población no armada, que empezó desde diciembre de 1996, fecha en la cual los paramilitares, con la abierta connivencia del Ejército, la Policía y otras instancias estatales, iniciaron la toma de la región del Bajo y Medio Atrato, configurada ésta bajo una estrategia de terror. Con el pretexto de “eliminar a la subversión” se trató de someter a la población afrodescendiente y a los pueblos indígenas a su control, lo que produjo muchas masacres, desapariciones y desplazamientos forzados. 

El desplazamiento forzado

Los mismos hechos del 2 de mayo de 2002 produjeron una oleada de desplazamiento masivo de toda la población sobreviviente de Bellavista, pero también de los poblados de sus alrededores, la mayoría de los cuales partieron a Quibdó, otros a Vigía del Fuerte y los que pudieron se fueron a las grandes ciudades como Medellín o Cali.

Al finalizar el año 2002 se inició el proceso de retorno hacia Bellavista, lo cual se fue consumando el año siguiente. No obstante, un grupo significativos de doscientas ochenta (280) familias[2] no encontró suficientes las condiciones de seguridad para su retorno y decidieron permanecer en calidad de desplazados en la ciudad de Quibdó, constituyendo la Asociación de Desplazados del Dos de Mayo-ADOM, quienes a la fecha aún continúan en la capital del Chocó a la espera de poder retornar.

Lamentablemente, este crimen del desplazamiento forzado no se ha detenido, pues el asedio contra las comunidades nativas  ha continuado su marcha. En el año 2004, por ejemplo, fue significativo el desplazamiento de las comunidades indígenas del municipio de Bojayá asentadas en los ríos Opogadó, Napipí, Cuía. De igual manera, se desplazaron las comunidades afrodescendientes del propio río Bojayá y de los ríos Napipí, Cuia y Opogadó. Cabe resaltar que la comunidad de San Martín, ubicada en el río Atrato y perteneciente al municipio de Vigía del Fuerte se desintegró, no se pudo volver a establecer en su lugar de origen y sus miembros han quedado inmersos en otras comunidades, como por ejemplo en Puerto Conto. Más tarde se produjo el gran desplazamiento de las comunidades afrodescendientes del río Buey y un sin número de desplazamientos no masivos.

En esta década, el fenómeno del desplazamiento forzado se extendió a otras zonas del departamento de Chocó, llegando a tener en la actualidad, según datos oficiales de Acción Social, una situación de afectación de aproximadamente el 45% de la población total del departamento, lo cual ha traído consigo una inestabilidad en el control del territorio por parte de la población nativa y por consiguiente una profundización de la crisis humanitaria que se ha tornado insuperable.

Fragmentación de comunidades

El desplazamiento forzado y la presión armada han traído consigo una división de comunidades que han padecido el desplazamiento armado, lo cual ha repercutido en los espacios organizativos, como fue el hecho de la división del cabildo indígena de Bojayá, que terminó fraccionado en tres partes.

Otra manifestación de fragmentaciones ha sido la disputa por acceder a los recursos que llegaron bien sea por la intervención directa del Estado o por la actuación de la cooperación internacional.

Consolidación del paramilitarismo y despojo de tierras

Coincide el hecho del crimen de guerra de Bojayá con la ruptura de los diálogos de paz que el gobierno de Andrés Pastrana sostenía con la guerrilla de las FARC, lo cual fue aprovechado por dicho gobierno para que la Unión Europea incluyera a las FARC en la lista de las organizaciones terroristas. Sin embargo, en ese mismo año 2002 asume la presidencia Álvaro Uribe Vélez, quien hizo cambiar la Constitución Nacional para hacerse reelegir, por lo cual su gobierno llegó hasta el año 2010.

En ese período se abrió el llamado proceso de “desmovilización de los paramilitares”. En general, pero particularmente en este departamento de Chocó, fue toda una farsa, pues si bien es cierto que el modus operandis tuvo cambios, también lo es, y con mucha fuerza, que las estructuras armadas permanecieron intactas mediante la estrategia de cambio de nombres y relevo de tropas, de tal manera que en los ríos San Juan, Baudó y Alto Atrato se rebautizaron “Rastrojos”, y en el Bajo y Medio Atrato aparecieron las llamadas Autodefensas Gaitanistas, hoy autodenominados Los Urabeños, herederos directos del Bloque Elmer Cárdenas-BEC, quien fue el que se tomó a Bellavista doce días antes del combate con las FARC que desencadenó la masacre del 2 de mayo.

A esta reconversión del paramilitarismo, ahora renombrado por el gobierno como “bandas emergentes o bandas criminales” (Bacrim) emulando la nominación de un producto químico que tal vez sirva de metáfora de algún compuesto destructor de seres humanos, se unió entonces la legalización del despojo de tierras, como se ejemplifica enseguida de los hechos de Bojayá, en el municipio de  Carmen de Darién o en los ríos de Curbaradó y Jiguamiandó, lugares donde se implantó a sangre y fuego el cultivo intensivo de la llamada palma aceitera o africana.

Despojo que se ha podido documentar antes las instancias judiciales y administrativas, pero cuya restitución aún no se ha podido hacer efectiva.

Fortalecimiento del modelo extractivista y narcotráfico

La inveterada vocación, desde tiempo colonial, asignada al departamento de Chocó de ser despensa natural para la extracción de recursos naturales, ha tomado fuerza en esta década. Ese es el origen de la disputa de los actores armados, tanto paramilitares como guerrilla, por controlar la extracción de la madera. Este hecho se ejemplifica con la penetración de decenas de motoserristas en el Bajo Atrato por influencia del paramilitarismo, y la retaliación que hizo las FARC mediante la comisión de masacres en este último quinquenio.

Otro sector en auge ha sido el de la extracción de minerales, ya sea por la proliferación de títulos mineros o por la penetración de empresas sin ninguna autorización legal. En este esquema son los armados los que ejercen el control, ya sea mediante el cobro de los llamados “impuestos de guerra” o “vacunas”, como lo hacen las guerrillas, o por acción directa como empresarios directos o mediante testaferros, como lo hacen los paramilitares.

En este contexto, el municipio de Bojayá ha quedado preso del incremento en la extracción del recurso forestal y varias de sus áreas territoriales han visto florecer los cultivos de uso ilícito, como lo ha sido el conjunto del departamento de Chocó, donde ha quedado en evidencia que los procesos de erradicación de tales cultivos mediante las fumigaciones aéreas en la región de la Amazonía ha ocasionado una migración de los mismos hacia la región del Pacífico. Con estos cultivos se han trasladado también todos los problemas que ello contrae, donde lo más preocupante es la penetración de la mentalidad mafiosa, en la que todo se vale para conseguir el dinero rápido y fácil.

La verdad y la justicia desaparecidas

El lamentable crimen de guerra de Bojayá sigue siendo paradigmático respecto a la impunidad, pues a pesar de las denuncias de diversos organismos oficiales -como en los casos de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría-, así como de instancias de la sociedad civil -como la Diócesis de Quibdó, las Organizaciones Étnico Territoriales, coadyuvadas por instancias internacionales-, donde se evidencia la responsabilidad tripartita, por acción o por omisión, de parte del Estado colombiano, de los paramilitares y la guerrilla, sólo  hay condenas judiciales para miembros de las FARC. La Fiscalía vinculó a este proceso a 36  miembros de las FARC, incluyendo a la máxima dirigencia del Secretariado, pero sólo se han capturado a ocho (8) personas[3]. Sin embargo, no se ha judicializado a ningún paramilitar y no se han iniciado procesos de responsabilidad penal contra los miembros de la Fuerza Pública que fueron permisivos y facilitaron que este crimen se cometiera, además de su evidente participación directa al servir de auxiliadores de los paramilitares y capturar a ninguno de ellos. Sólo un oficial del Ejército fue suspendido del cargo por 90 días sin derecho a remuneración, por lo demás la Procuraduría ha eximido de responsabilidad a la alta comandancia del Ejército y de la Armada Nacional.

La verdad de los hechos de este crimen de guerra es muy clara en cuanto a responsabilidades, no obstante aun permanece desaparecida oficialmente en los procesos judiciales, como se mencionó antes.

No obstante, la misma comunidad, en tanto víctima, ha querido dejar manifiesta su propia versión de los hechos en una variedad de expresiones artísticas (canciones, danzas, obras teatrales y narraciones inéditas); así mismo, sus acompañantes, como la Diócesis de Quibdó, con su red de apoyo de cooperación nacional e internacional, han producido informes que dan testimonio de los hechos; de igual manera, la academia se ha vinculado con diversos apoyos y trabajos de tesis de varios estudiantes que han servido de soporte documental a este lamentable acontecimiento.

En este proceso respecto a la verdad se han producido informes de carácter oficial que han consignado los hechos. El primero de ellos, el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos[4]; hay que mencionar también los pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría. El último de estos reportes lo constituye el informe producido y publicado en el año 2010 por el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, titulado “Bojayá, la guerra sin límites”[5]. A pesar de este trabajo de memoria, no se ha hecho lo suficientemente explícito que a consecuencia del impacto de la pipeta bomba y de los efectos generales de este combate en medio de la población civil varias personas han resultado con cáncer (al menos cinco personas han muerto por esta razón) y hay otras dolencias relacionadas con las secuelas de los hechos, por lo que las víctimas son mucho más que los muertos en el momento de la explosión.

Reparación aún esperada

El Estado Colombiano decidió que su medida de reparación fuera el traslado del asentamiento urbano de Bellavista, pues el crimen de guerra produjo simultáneamente la destrucción material de muchas viviendas y establecimientos, como el templo católico, el hospital y la escuela, pero no quiso reconstruir el pueblo en el mismo lugar aduciendo imposibilidad de invertir en lugares de alta vulnerabilidad por la inundación periódica que produce el desbordamiento del río Atrato. Esta medida del Gobierno Nacional confunde así el derecho a la reparación de las víctimas de un crimen de guerra con las obras normales de inversión que debe hacer en las comunidades como parte de su obligación de gestión, y con más razón en este departamento de Chocó y en la región del Pacífico en general, en donde es altamente notaria la marginación secular.

Esta reconstrucción y reubicación del pueblo de Bellavista tuvo muchas dificultades, empezando porque no fue efectivamente un proceso concertado con el conjunto de las víctimas, además de retrasos de la obra y sus correspondientes oscuridades en la administración de los recursos allí invertidos. Los desastres fueron tantos que los pobladores decidieron llamar al nuevo Bellavista “Severá”, expresando así sus dudas ante las promesas. Finalmente, se concluyó la obra y en diciembre de 2008 se empezó su ocupación y la destrucción del antiguo poblado.

Hoy, diez años después de la masacre, los habitantes siguen descontentos con este ‘nuevo’ pueblo, pues la arquitectura de las viviendas va en contravía de los usos tradicionales, además de las deficiencias en su construcción, así como los problemas en el funcionamiento de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, por no mencionar el incumplimiento total en la instalación de la energía eléctrica permanente. Pero, ante todo se ha dado una ruptura sin igual con las costumbres en el uso y relación con el río al ubicar la nueva comunidad lejos de éste. Tampoco se han hecho propuestas eficaces de empleo, lo que ha traído la aparición de robos, otrora inusual.

Los familiares de quienes fueron masacrados han recibido parte de la llamada “reparación administrativa”, lo que se ha traducido en un dinero por cada muerto, o por los daños de los heridos, concretamente a 88 familias les han entregado un total de 1.000 millones de pesos, aproximadamente a 500.000 dólares[6], sin embargo, aun falta un camino por recorrer para que se avance en el desarrollo de la reparación integral que tenga en cuenta el conjunto de afectaciones o daños morales, materiales, culturales, individuales y colectivos, en tanto que allí se laceró la cohesión interna de una colectividad con idéntica étnica.

Una década después

Frente a este crimen de guerra la comunidad de Bellavista y el conjunto de las comunidades afrodescendientes e indígenas que sufrieron el impacto han sabido mantener viva la  esperanza, una esperanza que ha sido alimentada y fortalecida con la solidaridad que ha sabido hacerse presente de parte de los acompañantes locales, de muchos sectores de la sociedad nacional, así como de grupos, asociaciones e instituciones internacionales.

Una década después de esta masacre no podemos dejar que todo caiga en el olvido, como ha quedado tanta tragedia en la historia, en particular en la de Colombia; por eso, hacer memoria de este crimen de guerra cometido en Bellavista (Bojayá), es, ante todo, una renovación de compromiso con este pueblo y, en él, con todo el pueblo afrodescendiente, heredero de una prolongada exclusión, hoy con rostro de nueva expresión de genocidio y etnocidio; nuestra solidaridad igualmente con los pueblos indígenas, quienes también en esta década han sido declarado por la Corte Constitucional como “pueblos en riesgo de extinción”, a causa del conflicto armado. Esta solidaridad debe traducirse en acciones concretas que conduzca a avanzar en la aplicación de la justicia y la reparación, como paso inaplazable hacia la construcción de la paz.


[1] Calificado así por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe de mayo de 2002, textualmente en los siguientes términos: «han infringido el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, y el artículo 13 del Protocolo II Adicional a esos Convenios,
(en tanto) violan especialmente los principios humanitarios de distinción, limitación y proporcionalidad, así como de inmunidad de la población civil»
.

[2] Dato suministrado por ADOM el 25 de enero de 2012.

[3] De acuerdo con el informe “Bojayá, la guerra sin límites”, producido por el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Editorial Taurus Pensamiento. Bogotá, 2010. Pág 214.

[4] www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/tematicos/bojaya.pdf

[5] www.memoriahistorica-cnrr.org.co/s-informes/informe-9/

[6] De acuerdo con el informe “Bojayá, la guerra sin límites”, producido por el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Editorial Taurus Pensamiento. Bogotá, 2010. Pág 281.